En la actualidad, una parte significativa del gasto público se canaliza mediante subvenciones o ayudas otorgadas por organismos internacionales, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y, en algunos casos, por los propios ayuntamientos.

Estas ayudas se orientan a diferentes sectores y tipos de actividad, organizándose habitualmente en programas específicos que cuentan con sus propios criterios de valoración, seguimiento y control. Dentro de las bases reguladoras de cada programa se recogen las obligaciones que debe cumplir el beneficiario, entre las que destaca la necesidad de justificar adecuadamente los gastos realizados para llevar a cabo la actividad subvencionada.

Para ello, la cuenta justificativa de los costes asociados a la subvención debe ser revisada por un auditor de cuentas inscrito en el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas), conforme a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo.